Derecho Comunitario Andino

El mundo académico de los Estados miembros de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) coincide en cuanto a los alcances del Derecho Comunitario Andino al afirmar que “Dicho derecho se caracteriza por ser autónomo, tener efecto coercitivo; integrarse a los ordenamientos jurídicos nacionales, en donde sus efectos son directos; prevalecer sobre el derecho de los Estados Miembros; representar un derecho único para toda la comunidad, y ser de aplicación uniforme” .

Del mismo modo, se puede afirmar que una de sus principales herramientas, i.e., la interpretación prejudicial, tiene su origen en la Europa Comunitaria, en el ámbito de sus normas constitutivas, visto que la función esencial del Tribunal de Justicia de la Unión Europea es la de “garantizar el respeto del Derecho en la interpretación y aplicación del tratado de la Comunidad” y por tanto, los jueces comunitarios deben compartir el ejercicio de la función jurisdiccional con los órganos jurisdiccionales de los países miembros que son los llamados a aplicar en primera instancia las normas comunitarias, debiéndose convertir en los jueces ordinarios del Derecho Comunitario.

El ordenamiento jurídico andina se caracteriza por los siguientes principios:

  • Autonomía;
  • Primacía;
  • Aplicación inmediata;
  • Efecto directo y complemento indispensable.

Del mismo modo, el ordenamiento en causa regula las relaciones de diversa índole entre los Estados miembros de la CAN, entre estos y los órganos comunitarios y entre aquellos y la personas naturales y jurídicas.

De forma no taxativa, se señala como fuentes del derecho comunitario andina:

  • El Acuerdo de Cartagen, sus Protocolos e Instrumentos adicionales;
  • El presente Tratado y sus Protocolos Modificatorios;
  • Las decisiones del Consejo Andino de Ministros de RR.EE y la Comisión de la CAN;
  • Las resoluciones de la Secretaría General de la CAN;
  • Los convenios de complementación industrial y otros que adopten los estados miembros de la CAN entre sí en el marco del proceso de integración subregional andina.

Sin embargo, es importante reconocer la existencia de fuentes atípicas respecto de las cuales cabe el control de legalidad por parte del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en aras de salvaguardar el respeto del ordenamiento jurídico comunitario. Las empresas extranjeras deben estar al tanto de las consecuencias de la aplicación del derecho en causa en sus operaciones dentro del espacio comunitario andino.